Los límites de la libertad de expresión

Según el Artículo 20 de la Constitución española, "se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. A la libertad de cátedra. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades". 

El pasado viernes, en el desarrollo de los festejos de Carnaval programados por el área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, la compañía 'Títeres desde abajo' llevó a cabo la representación de una obra dirigida al público infantil bajo el nombre La bruja y don Cristobal. Sus escenas, entre las que se encontraban la violación de una mujer, el ahorcamiento de un juez o la exhibición de una pancarta en la que podía leerse "Gora Alka-ETA", desataron el escándalo entre los padres de los pequeños asistentes. Tras un aviso a la policía, los responsables fueron arrestados, acusados de ensalzamiento del terrorismo por la Audiencia Nacional y enviados a prisión provisional sin fianza. Los hechos han despertado ferozmente el debate social y político en la ciudadanía española. 

Es aquí donde nace la efímera cuestión sobre la libertad de expresión y su legitimidad cuando se desempeña bajo una posible, fuerte y clara incitación a la violencia. Lo transcurrido el pasado viernes tiene por deber hacer cuestionar a la sociedad la verdadera utilidad de toda libertad de pensamiento. En el momento y en el lugar equivocado, los titiriteros mostraron a un público repleto de niños, deleznables escenas sin un ápice de enseñanza educativa, ética y moral. Decía Jean-Paul Sartre, "mi libertad se termina donde empieza la de los demás", y la consecuencia más fatídica de los hechos ha sido el despertar de un grito enfrentado de entre las voces de aquellos que defienden la resolución final del juez y de aquellos que la tachan por resultar excesiva. 

¿Sátira o apología del terrorismo? Ambas posiciones encajan con la perspectiva desde la que se visualicen los acontecimientos ocurridos. En un hipotético contexto protagonizado por un público adulto y en ausencia de menores, la obra representada podría haber tomado un cariz menos monstruoso e insultante. La evidente presencia de un público infantil ha elevado el caso a la categoría de inadmisible y lejano de cualquier entendimiento. Cuando la libertad de expresión se contrapone a los derechos que velan la infancia, como es el interés superior del niño en toda decisión, ley o política, los últimos deben ensalzarse por encima de cualquier cuestión ideológica. En el centro del intenso debate polarizado que tiene sumida a la sociedad española en una polémica que crece con las horas, debería haber más cabida para las cuestiones relacionadas con la defensa de los menores, y una menor para aquellas que parecen esconder un interés político a voces.